Carlos Ochoa: un trofeo político que no visibiliza la realidad de la comunicación

Censurar al superintendente Carlos Ochoa, se convirtió en una de las preseas más deseadas en la Asamblea Nacional. Incumplimiento de funciones, es el argumento para su enjuiciamiento. Sin olvidar la crítica a la falta de fiscalización, así como la escasa gestión legislativa en esta administración, como parte de los antecedentes que pusieron en el escenario una acción necesaria dentro del ambiente actual: conseguir la cabeza del titular de la Supercom, como otra de las jugadas coyunturales, para justificar su labor, aniquilar al sistema “correísta” y así dar solución -según los denunciantes- a una ola de abusos cometidos contra la comunicación, los medios y los periodistas.

Así lo expusieron y ejecutaron los proponentes, auspiciados y respaldados principalmente por CREO, PSC y aliados, quienes arremetieron desde tiempo atrás en contra del ex director de noticias de Gama Tv y que hasta hace unos meses les fue imposible obtener el llamado a juicio político. Ahora cuentan también con el apoyo de asambleístas del oficialismo.

Es cierto. La Ley Orgánica de Comunicación necesita reformas. Es prudente anular artículos y disposiciones que pongan en riesgo el ejercicio comunicacional y periodístico. Hay que revisar, por ejemplo, las sanciones establecidas, aclararlas y regularlas, con proporcionalidad y así evitar todo exceso y/o aplicación que vulnere la misma ley y los derechos de todos.

Al respecto, cabe indicar que ya se han producido resoluciones polémicas, que pueden catalogarse, además, como “subjetivas”. Una de ellas, utilizada en el actual proceso fiscalizador, la del caricaturista de Diario El Universo, Bonil, que dibujó y tituló, a su criterio, el allanamiento a la vivienda del ex dirigente sindical petrolero y asesor parlamentario, Fernando Villavicencio.

Otra sanción que está en la retina y merece el correspondiente análisis fue aquella que señaló a siete medios por no replicar una noticia difundida por el diario argentino Página 12, sobre el patrimonio de un excandidato presidencial, con lo cual, según la Supercom, incurrieron en censura previa.

Fueron resoluciones que produjeron el reproche de diversos actores, que las apuntaron como acciones atentatorias a la libertad de expresión e información. Por esas y otras razones, las reformas a la LOC son necesarias para evitar casos y dictámenes como los citados. Sin embargo, hay que ir más allá, profundizar, recordar, contextualizar, conocer el todo y actuar en favor de los intereses generales.

Fundamentar con estos casos que la Ley de Comunicación y la Superintendencia de Comunicación deben ser derogadas por completo, son apreciaciones hasta cierto punto egoístas y parciales, que pueden dejar en indefensión a otros sectores. Ya que, se toma en cuenta a un solo segmento territorial, a un solo espacio de la realidad, que acoge con prevalencia los pronunciamientos de grandes medios de comunicación, al ámbito noticioso, y que no corresponden a toda la realidad nacional.

Estos casos, posicionados con el poder del alcance con el que sí cuentan los grandes medios, nublan una y más realidades que se desconocen por parte de la mayoría que miran esos mismos canales de televisión y periódicos de escala nacional.

En Imbabura, por ejemplo, sucedieron en el año 2016 tres hechos de irrespeto a la ley, a la ética, que recayeron en la cosificación de la mujer como objeto sexual e irrespetaron las franjas horarias, sin importar lo que se dispone por el bienestar de los menores de edad. Sucesos originados en tres de las emisoras locales más sintonizadas, que fueron hasta motivo de repudio por parte de la colectividad, de organizaciones sociales, instituciones educativas, por atentar contra la dignidad humana, al tratar de ganar ‘rating’ a costa de la burla, la mofa, el chiste, en programas de supuesto entretenimiento.

Lamentablemente, de dichos procesos no se conoce a nivel nacional, no se han difundido, cuando incluso son muy necesarios abordarlos en la academia, en las instituciones públicas y empresas privadas, en las familias, en los mismos medios de comunicación, con el objetivo de ejercer una comunicación más responsable, respetuosa del ser humano y de aporte al desarrollo de la sociedad.

Son tres casos que tuvieron como protagonistas a radiodifusores, la mayoría sin título profesional, que reconocieron sus errores, aceptaron su inobservancia a la ley y su consecuente proceder contra toda norma ética y legal. Pregunto: si estas faltas las cometieron existiendo una Ley ¿cómo actuaríamos sin ella? Entonces ¿No hace falta la LOC?.

Son ejemplos de hechos y realidades que están invisibilizadas, que cuando hemos tenido la oportunidad de compartirlas con estudiantes, docentes y colegas de la comunicación, han abierto los ojos respecto a este panorama que a ratos nos mantiene ciegos y del cual debemos ser corresponsables para su cambio y mejora.

Tampoco significa estar de acuerdo con la judicialización de los contenidos, pero sí que seamos conscientes de que existen prácticas dañinas en la comunicación, que deben y exigen ser corregidas.

De esta forma, la censura a Carlos Ochoa y el pedido de anulación de la Supercom ha puesto en el debate únicamente a una parte de esta problemática, poniendo en claro el interés de ciertos sectores, que por legítimas que seas sus acusaciones y solicitudes dejan a un lado a una realidad más extensa que está lejos de los grandes medios y los noticieros. Invisibiliza a todo un territorio que aún clama la defensa de sus derechos, debido a la ausencia de formación, profesionalización y acción evidenciadas, como en los casos de Imbabura. Borran del mapa a las comunidades y a los medios comunitarios, a los anhelos y pedidos de tantos años, que han reclamado una norma que regule e impulse la comunicación y su democratización.

El superintendente, con o sin juicio, con o sin culpa, saldrá de su despacho. Mientras tanto, siguen vigentes realidades que debemos verlas con mayor claridad e imparcialidad, a todos lados, reconociendo que la comunicación va más allá de lo que se publica en los medios y de lo que se juzga en el pleno de un organismo político.

Wilson Andino V.

Categorías